Juez dice que EE.UU. debe ayudar a repatriar a venezolanos que fueron deportados a prisión salvadoreña

AP - Un juez federal ordenó el jueves al gobierno estadounidense que haga los arreglos necesarios para permitir que algunos de los migrantes venezolanos deportados a una prisión de El Salvador regresen a Estados Unidos a expensas de la administración federal.

El caso ha sido un punto de fricción en el contexto de la ofensiva migratoria del gobierno estadounidense. Comenzó en marzo, después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

En el fallo del jueves, el juez de distrito James Boasberg, en Washington, criticó la respuesta de la Casa Blanca a su orden anterior de que elaborara un plan para darles a los hombres la oportunidad de impugnar sus expulsiones.

“Aparentemente sin interés en participar en este proceso, las respuestas del gobierno en esencia le dijeron al tribunal que se fuera al diablo”, escribió Boasberg. Nominado para el tribunal federal por el presidente Barack Obama, el juez ha chocado repetidamente con el gobierno de Trump por las deportaciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, arremetió contra la determinación de Boasberg, diciendo en un comunicado que era “un fallo absurdo e ilegal de un activista judicial de extrema izquierda que intenta socavar la autoridad legal del presidente para llevar a cabo deportaciones”.

“Los estadounidenses eligieron al presidente Trump con base en su promesa de deportar a extranjeros ilegales criminales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, declaró. “Boasberg no tiene derecho a detener la voluntad del pueblo estadounidense, y esta no será la última palabra sobre el asunto” .

Los 137 hombres fueron devueltos posteriormente a Venezuela en un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos.

Lee Gelernt, su abogado en Estados Unidos, indicó en una audiencia judicial el lunes que los abogados de los demandantes están en contacto con un puñado de ellos que desde entonces han logrado salir de Venezuela y ahora se encuentran en un tercer país. Estos hombres están interesados en limpiar su nombre, señaló.

La orden de Boasberg establece que los funcionarios estadounidenses deben proporcionar una carta de embarque a los hombres que se encuentran en terceros países y que deseen volar de regreso a Estados Unidos. El gobierno también debe cubrir el costo de sus pasajes aéreos. El juez señaló que los hombres serían detenidos a su regreso.

Esos hombres y los migrantes que permanecen en Venezuela también pueden presentar nuevos documentos jurídicos en los que argumenten que la proclama presidencial bajo la cual fueron deportados invocó ilegalmente la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, dictaminó el juez. Los escritos legales también pueden impugnar su designación como miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Boasberg dijo que podría decidir más adelante si exigir audiencias y cómo realizarlas, pero que correspondía al gobierno “remediar el agravio que cometió aquí y proporcionar un medio para hacerlo”.

“De lo contrario, el gobierno podría simplemente sacar a personas de Estados Unidos sin proporcionar ningún proceso y luego, una vez que estuvieran en un país extranjero, negarles cualquier derecho a regresar para una audiencia u oportunidad de presentar argumentos desde el extranjero”, escribió.

Funcionarios de Trump trasladaron en marzo a los hombres venezolanos a la prisión, pese a que Boasberg había ordenado verbalmente que la aeronave en la que viajaban diera la vuelta y regresara al país. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la disputa entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido pausada por un tribunal de apelaciones.

El gobierno federal niega que haya violado su orden.

En un comunicado el jueves, Gelernt afirmó que Boasberg había “iniciado el proceso de darles a estos hombres su derecho a impugnar su expulsión”.

“De manera notable, aunque el gobierno no disputa que a los hombres se les negó el debido proceso, aun así no estaba dispuesto a hacer lo correcto sin una orden judicial”, manifestó.

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