Juez federal permite extender muro fronterizo a través de un sistema de diques

WASHINGTON (AP) — Un juez federal permitirá que el Departamento de Seguridad Nacional siga adelante por ahora con sus planes de levantar un tramo de muro fronterizo a través de un sistema de diques que protege a un pequeño poblado de Texas, rechazando los argumentos de la localidad de que la obra podría provocar inundaciones.

La decisión, dada a conocer el domingo por la tarde, supone una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump mientras avanza a toda prisa con su esfuerzos por construir un muro de 46,000 millones de dólares a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México.

La localidad de Presidio, con alrededor de 3,200 habitantes, argumentó que el muro podría causar inundaciones y que el gobierno no cumple con la ley a medida que se apresura con sus planes. El distrito de desarrollo del pueblo presentó una demanda a principios de este año para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) siguiera adelante con la construcción.

Pero el juez señaló en su fallo del domingo que era poco probable que sus argumentos tuvieran éxito en el tribunal.

“Por las razones expuestas, a pesar de las comprensibles preocupaciones manifestadas por la parte demandante respecto de los daños que tanto esta como sus residentes puedan sufrir debido a la posible construcción del Smart Wall, el tribunal se ve obligado a rechazar la solicitud de la parte demandante de una suspensión”, indicó el juez Reggie B. Walton.

El DHS ha seguido impulsando su plan de construcción del muro, y altos funcionarios del gobierno han afirmado que una primera capa de la estructura estará lista para el próximo año. Como parte de ese impulso, el secretario de Seguridad Nacional ha eximido del cumplimiento a numerosas regulaciones diseñadas para proteger el medio ambiente, la vida silvestre, y sitios arqueológicos y de pueblos indígenas.

Pero la agencia se ha topado con la oposición de propietarios de tierras, grupos ambientalistas, tribus indígenas y otros, quienes sostienen que la rápida construcción del gobierno pone en peligro sitios ambientales y religiosos, así como una forma de vida a lo largo de la frontera. Los opositores también cuestionan la urgencia de terminar la obra cuando los cruces de migrantes desde México se encuentran en niveles extremadamente bajos.

Abogados del distrito de desarrollo de Presidio argumentaron en una audiencia judicial que los planes del gobierno podrían comprometer el sistema de diques que protege al pueblo de inundaciones repentinas y que el gobierno hizo caso omiso de una ley clave que le exige solicitar permiso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de construir sobre o cerca de los diques.

“Estamos muy decepcionados de que el tribunal permita que continúe esta construcción potencialmente desastrosa, pero seguimos comprometidos con la protección del área de Big Bend y de quienes dependen de los diques”, indicó el distrito de desarrollo del pueblo en un comunicado.

Presidio está protegido por una serie de terraplenes y diques construidos en las décadas de 1970 y 1980 a lo largo del río Bravo (Grande) y de sus afluentes para combatir las inundaciones.

En documentos judiciales, el distrito de desarrollo de Presidio indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) tiene planeado “reemplazar la pendiente de tierra del dique existente por un muro de concreto, con paneles de bolardos de acero de 30 pies (10 metros) instalados encima”. El distrito afirmó que pidió más detalles a la agencia, la cual respondió que no podían compartirse por motivos de “seguridad nacional”.

El gobierno ha argumentado que no existe un plan final sobre por dónde pasará el muro fronterizo ni sobre cómo se construirá. Ha sostenido que cuenta con la autoridad para eximir del cumplimiento de una amplia gama de regulaciones con el fin de construir el muro, mientras busca reducir a cero el número de cruces diarios a través de la frontera.

En su fallo, el juez reforzó ese argumento al afirmar que estaba claro “que el Congreso no pretendía limitar la autoridad de exención del secretario del Departamento de Seguridad Nacional”.

El gobierno también enfrenta otra demanda en Texas, donde un grupo ambientalista y un grupo de preservación de iglesias se han unido para oponerse a los planes del DHS.